La labor periodística no es tarea fácil. Implica esfuerzo, compromiso y una responsabilidad muy grande con la sociedad a la que van dirigidos los distintos mensajes de los comunicadores.
Lamentablemente, en momentos donde el poder y el dinero mandan, informar no es sólo -como nos enseñan en la facultad- contar un hecho novedoso que puede resultar de interés para el público general, sino que es -en muchas oportunidades- dar a conocer una posición tomada o contar un suceso de la manera más movilizante, de modo que se influya en la opinión pública.
Son pocos los periodistas que pueden hablar realmente de objetividad –entendida como la narración cruda y pura de los hechos-. Que cuentan lo que ven tal y como ocurre. Pero son muchos los comunicadores, que -con total impunidad profesional- tergiversan la información a su antojo (o a la de una entidad superior), sin preocuparse por las consecuencias sociales de sus dichos o de las cosas que publican.
Puede decirse que, considerando que los periodistas son sujetos, y como tales tienen vivencias y características propias que se cuelan en su discurso (inconscientemente), no existe la objetividad. Pero entonces estaríamos frente a un problema pragmático que giraría en torno a dilucidar como debería hacer un comunicador para despojarse de su bagaje personal y contarle a los lectores o audiencia las cosas de una manera lisa y llana, que se tornaría aburrida, y que no sería atractiva.
No hay, a primera vista un cuestionamiento respecto a dar información. Si lo hay en el modo y las intenciones con qué se dan las noticias. Hay una suerte de “impunidad periodística” en la que los comunicadores se amparan para decir o escribir cualquier cosa como les plazca, aunque eso se aleje de la realidad, o comprometa intereses últimos de la ciudadanía, como ser la paz, la justicia y las instituciones democráticas.
Este libertinaje a la hora de informar deriva de una mala comprensión de la Constitución. Es cierto que cada cual tiene el derecho constitucional de expresarse, opinar, publicar sus ideas y hacerlo sin ningún tipo de censura. Pero también es cierto que debiera existir algún tipo de acuerdo implícito de cómo expresarse, y más cuando la materia de la información verse sobre cuestiones de alguno de los poderes del Estado.
Cada empresa periodística tiene su propio manual de estilo (una suerte de código) que explicita el modo en el que los integrantes del mismo deben expresarse. También hay un código de ética del Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA). Pero todos estos son buenos intentos de regular la actividad de los trabajadores de prensa, y nada más, ya que no son obligatorios para todos, sino para los integrantes de cada institución. Al no ser el periodismo una actividad colegiada, no puede imponerse a los periodistas sanciones por mal desempeño, como ocurre con otras actividades como ser la abogacía o la medicina.
En una Argentina en la que los medios son entendidos como un cuarto poder (quinto en realidad, ya que desde la reforma de 1994, el cuarto poder es el Ministerio Público), con peso suficiente como para “presionar” y lograr soluciones a los problemas planteados por la ciudadanía ante la falta de respuesta de otras Instituciones, o con la entidad suficiente como para “voltear gobiernos”, debiera existir un marco normativo que regule la actividad de los periodistas, como ocurre con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que tienen sus propios reglamentos.
Mientras esto no ocurra, y cada trabajador de prensa se conduzca de acuerdo a su criterio, no existirá la seguridad de que la información brindada sea fiel a los acontecimientos, sino que siempre quedará latente la duda sobre si esos datos que vemos impresos en letra de molde, o volcados en informes de un noticiero, no responden a un interés superior, distante del de la ciudadanía. Al fin de cuentas, como en el ajedrez, la democracia es el gobierno de todos, y no el de unos reyes que se valen de sus peones y alfiles para desestabilizar a sus oponentes.
florcdg
